FOPEVI

Proceso de construcción de la Política Estatal de Vivienda

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Segundo Foro abierto FOPEVI		377 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – La Paz		1324 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – El Alto		1237 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – Santa Cruz		3156 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – Tarija		1923 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – Oruro		1758 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – Potosí		984 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – Sucre		926 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – Trinidad		992 Kb
Socialización de la propuesta de Política Estatal de Vivienda – Cobija		1176 Kb
Reunión HIC y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo		754 Kb
Taller de Asesoria Técnica al FOPEVI		1243 Kb
Presentación de la Propuesta de Política Estatal de Vivienda		670 Kb

Pronunciamiento del FOPEVI

Pronunciamiento del FOPEVI sobre el programa de Vivienda Social y Solidaria
FOPEVI
FORO PERMANENTE DE LA VIVIENDA
“Construyendo juntos y juntas una política de vivienda”
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA (PVS)

El Foro Permanente de la Vivienda FOPEVI, es una plataforma interinstitucional y multiactoral que agrupa a diversas organizaciones sociales, instituciones interdisciplinarias y otras de la sociedad civil, que ejerciendo su derecho a la participación activa, control y vigilancia social tiene la misión de construir de forma permanente propuestas de Políticas Públicas de Vivienda Social e impulsar su implementación en los marcos normativos, institucionales y políticos que correspondan.

Con el propósito de aportar en la implementación adecuada del Programa de Vivienda Social (PVS) que ha lanzado el gobierno, hacemos conocer algunas reflexiones sobre los aciertos e inconveniencias que tiene dicho Programa. El análisis que realizamos abarca los aspectos de carácter conceptual de la vivienda social y técnico operativo del PVS.

Aspectos Conceptuales

Tanto a nivel de la oferta electoral del MAS como en el Plan Nacional de Desarrollo (Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien) se evidencia una coherencia de enfoque respecto al tratamiento de la vivienda social reconociendo que es un derecho humano, que la base de la resolución de acceso a la vivienda pasa por la gestión de suelo al realizar propuestas como la creación de Bancos de Tierra donde los Gobiernos Municipales juegan un rol fundamental. Plantean la necesidad de impulsar instrumentos normativos de ordenamiento y gestión del territorio como: Reforma Urbana, Planes de Ordenamiento Territorial, Sistemas de Catastro Urbano Únicos, así como el desarrollo tecnológico, gestión e investigación. Por otro lado, se plantea la necesidad de implementar mecanismos de financiamiento solidario, dotación de asistencia técnica e impulsar modelos de gestión que hagan posible una participación efectiva de la población en los procesos de producción de la vivienda social. En resumen un planteamiento de vivienda para vivir bien.

A pesar de estos avances en la concepción del desarrollo y su visión sobre la vivienda social encontramos un serio distanciamiento en el diseño del Programa que se agudiza en los mecanismos operativos de su implementación.
Cual el concepto de vivienda subyacente en el Programa de Vivienda Social.

La concepción espacial de la vivienda que plantea el programa no sale de la tradicional visión que ha tenido el Estado boliviano desde siempre, de entender a la vivienda como un espacio físico delimitado por muros y techos. Un envase contenedor de espacios ambientados, dimensionados y controlables, que faciliten y potencien el desarrollo de las actividades de sus moradores, lo que lo hace funcionalmente útil pero que no es suficiente para explicar la complejidad de los fenómenos socioculturales significativos, la concepción de espacios simbólicos y comunicativos y las técnicas determinantes de la estética, la forma y la identidad cultural.

Deliberadamente se separan los conceptos de cantidad (déficit de número de viviendas faltantes) y calidad en la vivienda, ocasionando la creación de subprogramas para atenderlos de manera separada. Acaso la vivienda nueva debe responder solamente a una demanda cuantitativa? o la calidad es una exigencia que atañe solamente al mejoramiento y mantenimiento de las viviendas existentes?

La vivienda social debe ser entendida como un continuo acto de construir y habitar que establece vínculos estrechos entre los lugares y las personas y como un bien de uso producido en un proceso complejo, donde la vivienda es considerada como un sistema espacial que incluye aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, históricos, legales, ambientales y productivos. Entender a la vivienda como el motor de la construcción de ciudades inclusivas, equitativas y sostenibles. No solo la construcción de paredes y techos, que es la visón que prevalece al hablar de las famosas “soluciones habitacionales”, eufemismo impuesto por el modelo neoliberal al privatizar la economía y los recursos fundamentales para la vida como la vivienda, el acceso a servicios básicos, la salud y la educación.

Una concepción integral de vivienda social no puede dejar de considerar que la vivienda tiene que ver con procesos sociales y culturales de producción, distribución y uso de espacios vitales para la vida, donde los principios de equidad y justicia social deben estar presentes desde la actuación del Estado. El acceso a una vivienda adecuada da la posibilidad de realizar otros derechos como el acceso a servicios básicos, servicios públicos, infraestructura, equipamiento colectivo, el derecho que todos tenemos a la educación, salud, alimentación adecuada. La realización de estos derechos pasa por comprender la interdependencia, indivisibilidad y complementariedad de estos derechos humanos y actuar desde el concepto de vivienda como derecho humano universal, irrenunciable e inalienable.

Aspectos Operativos del PVS

A continuación se realiza una sistematización ordenada por ejes temáticos que intenta precisar las observaciones que han surgido y que en la medida de una voluntad política real pueden ser objeto de rediseño y/o redireccionamiento:

Acceso a Suelo

• Siendo este el componente fundamental para la producción de vivienda no se tiene una intervención adecuada para regular y controlar el mercado de tierras especulador y que sin control estatal será el principal obstáculo para cumplir las metas definidas en los subprogramas cuantitativos 2, 3, y 4. Esta falta de intervención del gobierno no es compresible estando vigente la Ley 2372 que define prerrogativas para que el Estado a través de las instancias que corresponden posibiliten en forma directa el acceso a suelo a costos sociales para implementar programas de vivienda para sectores de bajos ingresos. La falta de acción política para hacer una intervención en la gestión estatal del suelo urbano para fines habitacionales es una de las criticas fundamentales al Programa de Vivienda Social.
  No es suficiente haber asignado un 20% de los recursos para destinar a la compra del lote, por lo menos para las áreas metropolitanas del país resulta insuficiente, a no ser que se pretenda construir casas que en definitiva son paredes y techos en zonas alejadas, que no encajan al concepto de vivienda-comunidad que implica contar con los servicios básicos, y los componentes públicos de infraestructura y equipamiento urbano que garanticen una vida digna.
• Otro aspecto ligado con el suelo es la exigencia de que los lotes deben estar totalmente regularizados tanto en lo concerniente al derecho propietario (folio real) como al cumplimento de requisitos municipales (catastro o en su caso planos aprobados). Esta exigencia no coincide con la realidad ya que precisamente un problema estructural derivado del modelo de urbanización espontáneo que caracteriza a los centros urbanos es la ilegalidad producto de un acceso a suelo a través de los loteamientos promovidos por el mercado de tierras informal y las subsecuentes construcciones que son hechas al margen de las normativas municipales de uso de suelo y patrones de asentamientos. No podemos cerrar los ojos ante tal evidencia, los pobres solo podrán acceder a suelo sin regularizar, esta es otra traba estructural que impide al Programa de Vivienda Social ser eficiente, será prudente emprender un programa de subsidio focalizado a la regularización complementario al de la construcción o compra de vivienda. No es posible ignorar que los procesos de regularización pasan por poner soluciones de fondo e implementar un sistema de registro de la propiedad único que debe estar acompañado con medidas efectivas de desburocratización y de eliminación de los sistemas instituidos de corrupción que impera en las instancias estatales de Derechos Reales y reparticiones municipales que tienen por competencia certificar la seguridad jurídica de tenencia.

Acceso a Financiamiento

• Uno de los cambios en el tratamiento del financiamiento de vivienda que debemos resaltar es la constitución de un Fondo Rotatorio con los recursos provenientes del Provivienda (2% del aporte patronal) que a diferencia de las gestiones anteriores donde se orientaba a subsidios al capital sin retorno que se diluían en una sola vuelta. Esto con excepción del Subprograma Cuantitativo 1 orientado a la vivienda rural que mantiene el enfoque de subsidio ejercitado en el Programa de Vivienda Saludable.
• Sin embargo, y sabiendo que los recursos disponibles de 90 millones de dólares corresponden a una bolsa que acumula los recursos de varias gestiones donde no se han implementado programas de vivienda en forma eficiente. Cabe preguntarse sobre la sostenibilidad del actual Fondo Rotatorio donde el índice de rotación del capital ofertado en sistemas de crédito subsidiado será lento ya que la población tendrá una preferencia de asumir el plazo más largo para pagar un préstamo al que solo por única vez aplicara en toda su vida. ¿Será posible que con la adición de aproximadamente US$ 30 millones anuales que genera el fondo de aportes patronales del Provivienda se sostenga el Fondo Rotatorio?, ¿qué acciones asumirá el gobierno para garantizar la permanencia de un financiamiento solidario para la vivienda social como Política de Estado y no solo de una gestión gubernamental?.
  Lo que oferta el Programa de Vivienda Social, son créditos subsidiados (subprogramas 2, 3 y 4) que en vivienda han demostrado ser más eficientes que el subsidio al capital. Es interesante la implementación de este modelo de financiamiento a pesar de la resistencia del sistema financiero que argumenta que es una competencia desleal y que puede poner en riesgo la industria del microcrédito en nuestro país. Sin embargo, esta practica no es nueva, es la que se implemento con los fondos de vivienda sectoriales y el liquidado FONVIS. Al respecto será importante reflexionar ¿cuál la garantía de que en la implementación de los programas actuales los resultados sean transparentes, impermeables a la corrupción, el clientelismo y garanticen resultados eficientes y fundamentalmente basados en principios de equidad y justicia social ?. En la practica de los Fondos sectoriales y el propio FONVIS la sana intención era subsidiar a la demanda (al beneficiario de la vivienda) pero se termino subsidiando a la oferta, a las empresas constructoras que son las que se encargan de producir las denominadas “viviendas de interés social llave en mano” o “las soluciones habitacionales” sin que en el proceso de producción se hayan realizado acciones de control de calidad y cumplimiento efectivo (no en papeles) de las especificaciones técnicas. Al respecto cabe preguntarse ¿qué capacidad real existe en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo para efectuar en todos los proyectos que serán aprobados ese control que garantice que los beneficiarios al final no reciban “gato por liebre” ?.
• El Programa de Vivienda Social ha previsto un asignar un fondo equivalente al 8 % de los recursos existentes para cubrir los costos operativos incluyendo el 3% que se pagará a las entidades financieras que por licitación pública han sido elegidas como las intermediarias financieras. Se ha hecho conocer que de ese porcentaje el 1% corresponde a pagar los servicios de colocación de la cartera que incluye la calificación y análisis del riesgo crediticio y capacidad de endeudamiento de las familias y la verificación en el cumplimiento de los requisitos definidos por cada programa. El otro 2% cubre el servicio de recuperación de la deuda. Al respecto surgen algunas interrogantes:

1. A pesar de que la bolsa de recursos del Fondo Rotatorio esta distribuida entre los diferentes subprogramas en base a metas definidas ¿como se evitara las distorsiones que emanan de la lógica básica del mercado entre la oferta y demanda efectiva, aquella que cumple con la capacidad de pago, con los requisitos definidos y que no necesariamente coincide con la población que mas necesita?. Esto ya se evidencia en la medida de que existen testimonios de personas ligadas a organizaciones de El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre que socialmente coincide con la población meta definida por el PVS pero que luego de largas e infructuosas gestiones ha levantado las manos con el sentimiento que “nada ha cambiado para ellos” y que deben seguir solos sin ningún apoyo estatal para garantizarse un lugar donde vivir porque los requisitos no coinciden con sus realidades.
2. Cual es el sistema de pago a las intermediarias financieras, tanto del porcentaje para las colocaciones (1 %) como de la recuperación de la cartera (2 %) para que sea un “negocio atractivo” ya que la mayoría son entidades con fines lucrativos y no encaran la prestación de servicios sin pretender recibir un pago que cubra los costos y genere un margen de utilidad, sabemos que la gestión de créditos por debajo de US$ 5.000 implican costos elevados y la recuperación por la vía judicial de un crédito hipotecario por esos montos que entran al rango del microcrédito, tiene un costo que afectara significativamente la rentabilidad esperada por la entidad financiera, entonces ¿ a que estamos apostando, a la descapitalización del Fondo Rotatorio ante la probable falta de acciones que las entidades financieras intermediarias estén dispuestas a encarar para recuperar una cartera que no afecta su propio patrimonio?.

• El desgravamen aplicado del 0.80 % anual para los subprogramas cuantitativos 2,3 y 4 en opinión de la población es muy alto. Será prudente visibilizar en forma sutil pero al final evidente que esperamos un alto nivel de incobrabilidad. Este es un mensaje que para las entidades financieras que están simplemente prestando un servicio sin asumir riesgo directo puede impulsar actitudes complacientes en la evaluación para poder aplicar al pago por la colocación de la cartera pero no hacer mucho esfuerzo para la recuperación al entender que el propio Estado marco el camino para cubrir los contingentes de perdidas provocadas por una falta colectiva de voluntad de pago de un crédito subsidiado.
• Los montos de crédito subsidiado de los subprogramas 2 y 3 e incluso el 4 encajan en la oferta del mercado microfinanciero con la diferencia de que para el Programa de Vivienda Social se endurecen las condiciones vinculadas a la garantía ya que en todos se exige la garantía hipotecaria cuyos costos deben ser cubiertos directamente por los beneficiarios con montos que significan aproximadamente US$ 50 para un monto de crédito de US$ 5000 (para 10.000 será de US$ 100 y para un crédito de 15.000 aproximadamente el costo de hipoteca será de US$ 150). Al margen de ello se debe incorporar los costos indirectos de tramites de hipoteca, que no esta claro quien lo realiza , la intermediaria financiera o el beneficiario ¿? de cualquier modo si el registro en DDRR por la vía normal dura alrededor de 10 días y por la “vía rápida” que incluye un pago extralegal (coima) el plazo se reduce de 3 a 5 días estas gestiones implican costos de tramitación adicionales a los costos notariales, papelería, uso del sistema, timbres, pago del 4×1000 del monto de crédito. Sin olvidar que existe un costo de deshipoteca que deberá ser cubierto por el beneficiario unas vez que obtenga de la entidad financiera la certificación de extinción de la deuda. Al respecto cabe preguntarse ¿cuales los criterios y justificativos del PVS para endurecer las condiciones de crédito por montos hasta US$ 5000 que precisamente beneficiara a una población del rango de ingresos más bajos?. ¿Por que no considerar otras alternativas de garantías? lo que no implica que se exima de los requisitos necesarios para demostrar la seguridad jurídica de tenencia en propiedad de la vivienda que es sujeta de un crédito subsidiado sea para la compra o para la construcción.
• Existen experiencias de programas de acceso y mejoramiento de la vivienda desarrolladas por ONG’s nacionales que como lecciones aprendidas para orientar las políticas de financiamiento de la vivienda son útiles. Una de las constataciones es que la población vinculada a actividades informales donde no existe una garantía de un flujo de ingresos estable y permanente (que es el caso de las grandes mayorías que habitan los barrios periurbanos) no optan por ofertas de crédito a plazos tan largos (20 años) por montos menores a US$ 5.000 por tanto la oferta del crédito subsidiado del Programa de Vivienda Social debería ser mas flexible y dar opción a que los plazos sean fijados por las familias y las entidades financieras en función de sus expectativas y su capacidad de pago. Este cambio de enfoque incluso aportaría a una mayor rotación del Fondo Rotario.
• Otra lección aprendida, a partir de la evidencia de que cerca del 80% del parque habitacional ha sido autoproducido por iniciativa de los propios pobladores, es que existe una capacidad instalada para producir vivienda basada en un sistema de autogestión que se denomina Producción Social de la Vivienda y Hábitat (PSV) que produce espacios de vida sin fines de lucro (se diferencia del mercado porque no produce la vivienda mercancía). Estas capacidades deben ser recuperadas y fortalecidas con instrumentos adecuados. La implementación de políticas y programas que no entiendan estas lógicas distintas de producir vivienda social generan una competencia y puede mutilar estas capacidades y volverlas ineficientes y de un costo social excesivamente alto reflejado al presente en los altos niveles de pobreza que caracteriza a nuestro país. En este sentido un Fondo Rotatorio que oferta crédito subsidiado debe contar con ciertos atributos como:

1. Flexibilidad, toda estandarización es más cómoda para el control y gestión estatal y de los operadores formales pero poco beneficioso para la gente cuya realidad en muy particular y necesita una atención personalizada que posiblemente sea más costosa pero es mas eficiente y los réditos los tendremos como impactos no solo económicos sino fundamentalmente sociales.
2. Diversidad en la oferta financiera del Fondo Rotatorio, no debe existir la división de los programa cuantitativos y cualitativos sino una oferta que como un gran paraguas atienda las diversas necesidades de acceso y mejoramiento de la vivienda (créditos para compra de lote, para la construcción de vivienda nueva, para ampliaciones, para refacciones , para instalaciones de servicios básicos intra domiciliarios, para la regularización del derecho propietario, de la legalización de las construcciones existentes, para anticrético, etc.).
3. La posibilidad de generar los mecanismos y modalidad de financiamiento progresivo en cascada que permita soportar la lógica de la autoproducción de vivienda que es progresiva a partir de créditos sucesivos y/o líneas de crédito que se convierten en incentivos del repago oportuno que aporta a la sostenibilidad del Fondo Rotatorio.

• La idea de que solo en el ámbito rural existe pobreza extrema es una reducción forzada de la realidad, existen estudios serios que afirman que la pobreza urbana es más critica que la rural al quebrarse estrategias de sobreviviencia basadas en la solidaridad de la económica campesina donde la alimentación esta garantizada como el acceso a otros componentes básicos para la vida. En este sentido, es preciso ampliar la cobertura del Subprograma 1 para ser aplicado a sectores que se debaten en situaciones de riesgo habitacional (extremo hacinamiento, falta de servicios básicos , riesgo físico y estructural de la vivienda en la que habitan) encarando programas de vivienda de emergencia previa a una selección eficiente de las familias que deben aplicar a un apoyo estatal estructural para garantizar la vida y el acceso a una vivienda adecuada.

El Modelo de Gestión

• El modelo de gestión no es el adecuado para llegar a beneficiar a la población que más apoyo requiere para realizar su derecho a contar con una vivienda adecuada. Los requisitos definidos marginan precisamente a la población meta que definen los Programas.
• En realidad vemos que no existe un modelo de gestión que coincida con la filosofía del actual gobierno de garantizar una participación activa de las organizaciones sociales (Bolivia Democrática – PND) , desde sus inicios la actual gestión gubernamental ha omitido una fase fundamental, la construcción de una propuesta de financiamiento de consenso social, la difusión no es sinónimo de construcción colectiva.
• En la practica el interesado por aplicar al financiamiento subsidiado que ofertan los programas cuantitativos destinados a zonas periurbanas esta subordinado a la entidad financiera que oficia como la intermediaria habilitada por el Viceministerio, que lamentablemente en la mayoría de casos están actuando en forma articulada con los operadores o ejecutores que en general son empresas constructoras e inmobiliarias que operan con afán de lucro y que están direccionando la demanda hacia soluciones incluso ya existentes (urbanizaciones construidas hace años que no contaban con posibilidades de realización en el mercado Ej. Urbanización Cristal en la Ciudad de El Alto o de iniciativas privadas en propiedad horizontal). Al respecto surge la interrogante de si el Programa de Vivienda Social ha surgido para resolver el problema de las inmobiliarias que estaban sin poder realizar sus “mercancías – Viviendas” porque la población no contaba con la capacidad adquisitiva. Si fuera así, se podría evidenciar que el PVS no es una propuesta alternativa al mercado inmobiliario convencional al interactuar con los mismos actores que hacen inviable la posibilidad de llegar a los sectores de bajos ingresos. La vivienda mercancía, aquélla que es producto de la intervención empresarial no renuncia ni achica sus márgenes de utilidad, será fundamental impulsar la emergencia de un empresariado con vocación social que pueda recuperar sus costos de inversión, remuneración licita y razonable al trabajo y un margen de ganancia establecido por el estado para los fines sociales de la vivienda, sin afán de lucro desmedido.
• El proceso para la participación en el programa es aparentemente fácil pero en la practica se ha generado una innecesaria burocracia que esta implicando el cansancio de los operadores financieros , constructores y potenciales beneficiarios. Se empieza con filas interminables en las entidades financieras habilitadas, donde son atendidos por personal no capacitado para atender a una población que lleva consigo un sueño y sus esperanzas (falta calidez), la gente pasa a ser solo un demandante de crédito y no de familias que buscan la posibilidad de vivir mejor en una vivienda adecuada. Si tiene suerte y logra cumplir con los requisitos (preferentemente formar un grupo con la operadora “sugerida” por la entidad financiera donde su capacidad de elección de la vivienda y su ubicación se reduce a nada) debe esperar que la carpeta con el proyecto de factibilidad que “voluntariamente” realiza la operadora pase la evaluación que los técnicos “altamente capacitados” deben realizar en forma rápida y eficiente. Estos proyectos ante una ausencia de indicaciones claras y concretas y que no cumplen con los ampulosos reglamentos sobrescritos (sobre los reglamentos que dejaron las anteriores gestiones gubernamentales de corte neoliberal) son observados y devueltos para que las operadoras los corrijan, en algunos casos las operadoras deciden no continuar porque las observaciones de costos afectarían su expectativa de utilidades, incluyendo la recuperación de los costos iniciales del proyecto de prefactibilidad.
• Una prueba contundente del modelo implementado es que a la fecha un porcentaje muy bajo de solicitudes derivadas por las entidades financieras al Viceministerio han sido aprobadas. Algo esta funcionando mal. Uno de los cuellos de botella es la expectativa del gobierno de que los costos de prefactibilidad (elaboración del proyecto) sean asumidos por los operadores (empresas constructoras, inmobiliarias o profesionales independientes) , será una decisión adecuada esperar que esto ocurra sin el riesgo de que estos costos pretendan ser recuperados en los costos finales de la vivienda, que luego son observados por los técnicos del Viceministerio ya que no encajan en los parámetros definidos. Sabemos que existe un convenio marco con los colegios de profesionales pero no existe ningún marco de obligatoriedad para que sean asumidos por las empresas constructoras y los profesionales individuales.
• El Programa de Vivienda Social, corre el riesgo de tropezar en forma irremediable en los vicios de gestión que han caracterizado a los gobiernos neoliberales donde todo venia hecho y decidido sin contar que la población organizada, la sociedad civil, el mundo académico, de profesionales y otros sectores tiene algo que decir y aportar. Será que no nos podemos sacudir de la soberbia de la tecnocracia estatal.
• La debilidad institucional ya conocida del sector Vivienda y Urbanismo es aún más critica si consideramos que no se cuentan con los recursos técnicos capacitados para intervenir en una problemática tan compleja como la vivienda. Si la vivienda deja de ser entendida como la construcción de casas su complejidad es real y debe ser asumida desde esa perspectiva para tener resultados e impactos en la mejora de la calidad de vida de la población. ¿Qué estamos haciendo para formar recursos humanos que estén preparados para llevar adelante políticas publicas, programas y proyectos en una visión sinérgica con los procesos sociales de producción de vivienda?. ¿Qué políticas complementarias existen para subsanar la ausencia de Asistencia Técnica que garanticen la sostenibilidad de los procesos progresivos de mejoramiento de la vivienda autoconstruida?. ¿Qué acciones se realizan para que las universidades cumplan su rol de servicio al desarrollo del país al volverse en articuladores entre el PVS y la población beneficiaria?.
• A pesar de que el actual gobierno quiere marcar la diferencia al imprimir una gestión transparente donde se deseche todo acto de corrupción, el Programa de Vivienda Social ya ha generado un circulo de interesados para desvirtuar sus objetivos (dirigencias vecinales, gremiales, empresas constructoras, entidades financieras, profesionales independientes). Las formas son distintas pero en el fondo el objetivo es apropiarse de una “tajada” de los recursos en desmedro de los beneficiarios finales. Incluso el sistema da para que se infiltren personas que han comprado lotes que no han sido regularizados (cambio de nombre) por tanto bajo los requisitos de los subprogramas podrán ser beneficiarios del PVS. También interesados en optar por los créditos subsidiados y nunca pagarlos. ¿Qué medidas se han tomado para evitar estas distorsiones que pueden afectar estructuralmente a una lógica de financiamiento solidario para la vivienda social?.
• El programa carece de un control social efectivo. Los anteriores puntos se podrían subsanar a partir de garantizar el derecho a la participación activa, control y vigilancia social de la Sociedad Civil Organizada posibilitando espacios donde sea parte activa en la aprobación de los proyectos.

En consecuencia, proponemos que el gobierno pueda tener una mayor apertura a insertar los cambios de timón que con urgencia requiere el Programa de Vivienda Social para que se conviertan en un instrumento eficiente que revierta las inequidades producidas por el modelo privatizador al que hemos estado sometidos los últimos 20 años.

Las buenas intenciones deben plasmarse en forma efectiva y no hay otro camino que la asignación equitativa de los recursos escasos que el estado y la sociedad genera lo que significa que se debe dar mayores posibilidades de acceso a los más pobres. Definitivamente falta a la actual gestión gubernamental del sector vivienda y urbanismo seguir trabajando en la armonización de la oferta electoral del MAS, el Plan Nacional de Desarrollo, la Nueva Constitución Política y las acciones de políticas de vivienda que esta implementando.

Cambios Propuestos en el Corto Plazo para Avanzar en los Objetivos y Metas del PVS:

Construir un modelo de gestión que incorpore en forma eficiente y efectiva a los actores públicos y privados sinérgicos con los objetivos sociales y económicos del Programa de Vivienda Social. Esto pasa por asignar los roles, responsabilidades y resultados claros y concretos, no son suficientes los reglamentos, que pocos leen, y no los entienden por tanto no se operativizan.

Incorporar mecanismos de participación y control social efectivos para todo el proceso de producción de la vivienda, no solo en la elección de la entidad financiera y la operadora sino en el diseño y construcción de la vivienda, en el control y fiscalización de las propias organizaciones sociales y familias a las empresas a los operadores y constructoras, en la posibilidad de que las organizaciones sociales tengan una voz sobre las familias beneficiarias, que puedan identificar en sus barrios casos críticos de emergencia habitacional (hacinamiento extremo, falta de servicios, etc) para implementar acciones o programa de emergencia ampliando los alcances del subprograma.

Sería importante tomar en cuenta medidas de acción afirmativas para las mujeres, sobre todo pensando en aquellas que son jefas de hogar y que en general tienen trabajos informales que no les permiten acceder a los actuales programas para una vivienda digna, además se garantice que el acceso a estos programas sean controlados por mujeres jefas de hogar.

En la Perspectiva del Mediano Plazo:

Asumir los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo para el diseño de una Política Estatal de Vivienda (Bolivia Digna y Bolivia Productiva) y la Nueva Constitución Política del Estado que se espera fundamentalice el Derecho Humano a la Vivienda y sus componentes o atributos privados y públicos para vivir bien.

Que el Viceministerio de Vivienda sea parte de las Comisiones Técnicas del FOPEVI asumido como el espacio de construcción de las Política Estatal de Vivienda. (Bolivia Democrática)

Impulsar las bases de institucionalidad para que la Política Estatal de Vivienda sea implementada sin tropiezos sobre la base de la creación del Ministerio del Hábitat, Vivienda y Medio Ambiente, para evitar la actual dispersión y duplicidad de competencias en temas que tienen que ver con los componentes fundamentales para la realización del Derecho Humano a la Vivienda.

Impulsar una propuesta para que el INE incorpore al Censo Nacional de Población y Vivienda y las diferentes encuestas, preguntas que arrojen indicadores de medición reales para el dimensionamiento de los déficit cualitativos y cuantitativos de vivienda y otra información que permita medir en forma adecuada la realización progresiva del Derecho Humano a la Vivienda.

La Paz, julio del 2007

Comité redactor :

Arq. David Quezada – Director Ejecutivo – Red Hábitat
Lic. Anelise Meléndez – Directora Ejecutiva – FUNDAPROVI
Arq. Alberto Calla – Inst. Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la UMSA
Lic. Teresa Soruco – Coordinadora Nacional de AMUPEI