MARCO DE DERECHOS

MARCO GENERAL DE DERECHOS A LA CIUDAD, VIVIENDA Y HABITAT.

EL DERECHO A LA CIUDAD :

La ciudad es un espacio colectivo, culturalmente rico y diversificado, que pertenece a todas y  todos sus habitantes; es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semi-rural que forma parte de su territorio.

Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general.

El Derecho a la Ciudad amplía el enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio, hasta abarcar esa calidad a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos y la constitución actual, que es una de las más avanzadas por incluir un amplio catálogo de derechos que deben ser implementados a partir de marcos normativos específicos y fundamentalmente políticas públicas. Este es un escenario de oportunidades para impulsar el reconocimiento del derecho a la ciudad - como derecho colectivo de las comunidades, a ejercer y realizar en el territorio que habitan, sus derechos en forma integral.

Entre sus principios más importantes están:

-   Todas y todos tenemos derecho a la ciudad, sin discriminación de género, edad, condición de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual; así como a preservar nuestra memoria e identidad cultural.

-  Todas y todos tenemos derecho a usufructuar equitativamente la ciudad respetando la sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social

-  Es un derecho colectivo de las y los habitantes, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuados.

-  El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

-  Esto supone la inclusión del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a la seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a la seguridad alimentaria, vestido y vivienda adecuados; a la educación pública de calidad y la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural, y el respeto a los migrantes.

-  El territorio de las ciudades y su entorno rural es también un espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso, el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural.

-  Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben adoptar todas las medidas necesarias (hasta el máximo de los recursos disponibles) para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados y con la adopción de medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

-  Todas y todos podemos participar en los espacios de decisión hasta el más alto nivel, en la formulación e implementación de las políticas públicas, como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos y rurales enfocados a un desarrollo incluyente y solidario.

-  La ciudad debe realizar el manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos, así como su entorno rural: implica desarrollar una relación responsable con el medio ambiente por parte de las autoridades, las y los habitantes y estantes del Municipio para asegurar una vida digna, hoy y para las futuras generaciones.


DERECHO A LA VIVIENDA Y HABITAT:

El reconocimiento del Derecho Humano a la vivienda y hábitat adecuados como derecho fundamental en la Constitución Política del Estado, puesta en vigencia desde febrero del 2009, es un logro  de la sociedad civil organizada que pudo incidir en forma efectiva en el proceso de la Asamblea Constituyente.

Los argumentos jurídicos desarrollados por la normativa internacional fueron muy importantes para fundamentar este avance que pone de manifiesto la trascendencia que tiene “un lugar seguro donde vivir con dignidad humana, salud física y mental y calidad de vida”, considerando que la vivienda adecuada es una de las necesidades humanas fundamentales.

Sin embargo, a pesar de lo importante que es contar con una vivienda adecuada en nuestro país, se requieren mejoras cerca de un millón de unidades y se deben construir 300.000 nuevas. El acceso al agua potable y a las instalaciones de saneamiento son también necesidades básicas que se asocian directamente con la vivienda y donde existen tareas que se deben cumplir en base a políticas públicas más integrales.

En la Constitución Política del Estado se describe el derecho a la vivienda y hábitat en los artículos 19 y 20:

Artículo 19.
I.    Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria.
II.    El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.

Este reconocimiento constitucional del derecho al hábitat y vivienda adecuado implica el abordaje no sólo de la casa, como paredes y techos, sino la vinculación de todos los componentes del derecho que determinan su adecuación como:

-  Seguridad jurídica de la tenencia contra los desalojos. La tenencia de la vivienda segura no sólo en propiedad privada sino también en las otras formas de acceso como la vivienda cedida, alquilada, en anticrético u otras formas colectivas.

-  Contar con servicios básicos y emplazamiento en lugares que no signifiquen riegos ambientales o físicos de deslizamientos, inundaciones u otros que impliquen poner en peligro la propia vida de la gente que habita en esos espacios.

-  Entorno saludable que posibilite el disfrute de los servicios sociales de educación, salud, accesibilidad al trabajo, sistemas de transporte, seguros a costos asequibles.

-  Respeto a los aspectos culturales y climáticos de donde se habita, en su diseño y espacios.

-  Condiciones de habitabilidad que incluyen espacios suficientes que eviten el hacinamiento  generador de situaciones de violencia intrafamiliar donde las mujeres, niñas y niños son los/as más afectados. Pero que además incluya normas básicas de construcción, asoleamiento, ventilación, diseño apropiado para que las mujeres puedan desarrollar en mejores condiciones su rol reproductivo y los otros asignados por la sociedad patriarcal.

-  Una vivienda inserta en un hábitat donde las condiciones de construir comunidad estén  facilitadas por una infraestructura urbana que incluya las necesidades diferenciadas de género y generacional para que el disfrute del espacio público sea equitativo y los espacios de encuentro y recreación incentiven la vida comunitaria, una ciudad hecha para la gente que habita en viviendas adecuadas.


El derecho humano a la vivienda adecuada bajo los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, se refleja claramente cuando favorece o condiciona el pleno disfrute de otros derechos tales como: el derecho a la dignidad humana; el principio de la no discriminación; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la libertad de elegir el lugar de residencia; el derecho a la libertad de asociación y expresión (por ejemplo de los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad); el derecho a la seguridad de la persona (en caso de desalojos  forzados u otras formas de acoso); y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el hogar. La correspondencia es indispensable para la realización del derecho a una vivienda adecuada que todos los grupos de la sociedad poseen y mantienen.

Al mismo tiempo, el acceso a una vivienda adecuada y segura refuerza de manera considerable la posibilidad de que las personas disfruten de otros derechos. La vivienda es la base a partir de la cual pueden lograrse otras ventajas. Por ejemplo, el carácter adecuado de la vivienda y otras condiciones de vida se halla en estrecha relación con la posibilidad de disfrutar del derecho a la higiene ambiental y al nivel más alto de salud física y mental que sea posible alcanzar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la vivienda es el factor ambiental que más influencia tiene sobre las condiciones de enfermedad y el aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad.

Esta relación o “permeabilidad” entre algunos derechos humanos y el derecho a una vivienda adecuada, permite apreciar claramente que los conceptos de indivisibilidad e interdependencia son fundamentales para el pleno disfrute de todos.

Al considerar el derecho a la vivienda como un derecho humano es necesario adoptar la perspectiva de género. Las mujeres, ya sean de hecho o de derecho, son excluidas y discriminadas en prácticamente todos los aspectos relacionados con la vivienda. Es necesario que se tomen acciones positivas para asegurar su derecho a la herencia y la propiedad de la tierra y otros bienes; al crédito; a los recursos naturales y la tecnología apropiada, así también, garantizar su derecho a la seguridad de tenencia y la capacidad de ser parte de un contrato.

DERECHO A LOS SERVICIOS BÁSICOS:

Artículo 20.
I.    Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.
II.    Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.
III.    El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión, ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.

El reconocimiento de los servicios básicos como derecho en la Constitución Boliviana del Estado ha sido vanguardista en la normativa internacional, este derecho es fundamental para mejorar de forma integral la vida de la población.

Determina un ámbito de gestión público, privado y mixto del que dependerá la verdadera efectivización de estos derechos, donde la concurrencia de los diferentes niveles autonómicos con el nivel central es la garantía para concretar en forma progresiva pero sostenida.